Bilbao, 9 oct (EFECOM).- El diputado de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga, anunció hoy que el ejecutivo foral recurrirá la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE que declara "ilegales" las llamadas "vacaciones fiscales" vascas vigentes en los años 90.
Iruarrizaga, que compareció ante la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Vizcaya, se quejó de que el citado tribunal no ha tenido en consideración ninguno de los argumentos presentados por la Diputación de Vizcaya. "Eso no puede ser y vamos a recurrir", dijo.
Algunos grupos junteros, como el PSE-EE y EB, criticaron la decisión del diputado por los gastos que puede suponer recurrir una sentencia que, según el propio Iruarrizaga, no tiene efectos prácticos.
Sin embargo, el PNV ha insistido en que hay "cuestiones que no se pagan con dinero" y en la necesidad de defender ante todas las instancias los elementos del autogobierno vasco.
Iruarrizaga recordó que en 1993, en el marco de la crisis económica de entonces, también el Estado tenía unos incentivos fiscales similares a los vascos, pero que nadie los denunció, incluidas "las empresas de La Rioja (comunidad denunciante de las vacaciones fiscales) que se beneficiaron" de ellos.
Informó también de que todas las empresas vizcaínas que "tenían que devolver el dinero, lo han hecho".
Explicó que se beneficiaron de estas ayudas un total de 97 empresas vizcaínas. De ellas, 21 han devuelto la totalidad de las cantidades disfrutadas, otras 54 no alcanzaron a cumplir los requisitos exigidos para beneficiarse de ellas (entre otros, obtener beneficios) y otras 22 disfrutaron de una cantidad permitida dentro de los límites autorizados por el derecho comunitario.
El montante total de las bonificaciones devueltas ha sido de 96,3 millones de euros de principal, más 38,5 millones de intereses.
Todas las cantidades se devolvieron en el ejercicio de 2007, porque la sentencia del Tribunal de Luxemburgo "no tienen efecto práctico", reiteró.
Iruarrizaga sostuvo que los órganos competentes de la Unión Europea fueron convenientemente informados sobre la normativa aludida ya en 1993, sin que dijeran nada en contra hasta 1997.
Recordó que la Diputación de Vizcaya ha recurrido, y ganado, en numerosas ocasiones otros fallos judiciales y apuntó que si no hubiera actuado de esa forma las Juntas Generales podrían no contar en este momento con la capacidad normativa en materia fiscal de la que gozan.
El Tribunal de Primera Instancia de la UE confirmó el pasado 9 de septiembre la ilegalidad de las llamadas "vacaciones fiscales", con lo que desestimó los recursos presentados por las diputaciones de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, así como por la patronal Confebask, contra las decisiones de la Comisión Europea que en 2001, cuando ya no estaban en vigor, consideró esas normas fiscales como "ayudas de Estado".
Las denominadas "vacaciones fiscales" consistían en una exención temporal del Impuesto sobre Sociedades en virtud de unas determinadas inversiones realizadas.