Por Daniel Flynn
MADRID, 27 ene (Reuters) - Las medidas que España ha
aplicado para combatir el terrorismo quebrantan los derechos
humanos básicos de los detenidos, dijo el jueves la organización
Human Rights Watch en un informe que estudia la situación de los
presos vinculados con presuntas células de Al Qaeda y los
atentados del pasado marzo en Madrid.
El grupo de defensa de los derechos humanos alabó los
esfuerzos de España para combatir el terrorismo desde los
tribunales, en lugar de detener indefinidamente a los
sospechosos sin un juicio previo, como ocurre en Estados Unidos
y el Reino Unido.
Sin embargo, dijo que prácticas como tener incomunicados a
los detenidos hasta trece días y mantener a la defensa ocultos
los detalles de las investigaciones no cumplían con la
legislación internacional de derechos humanos.
"España actúa correctamente al combatir el terrorismo a
través de los tribunales", dijo Rachel Denber, directora de
Human Rights Watch en Europa. "El Gobierno ha de asegurarse de
que los sospechosos de terrorismo tienen los derechos debidos de
proceso, necesarios para una defensa eficaz. Sólo entonces
España será un auténtico líder", añadió.
Responsables oficiales de los ministerios de Justicia e
Interior no tuvieron ningún comentario que hacer al respecto.
La legislación antiterrorista española se ha desarrollado
durante años de lucha contra ETA. Las autoridades consideran que
manteniendo incomunicados a los sospechosos se impide que
adviertan a otros presuntos etarras a través de sus abogados.
España ha sido uno de los países europeos más activos en
luchar contra el activismo islámico y en la actualidad tiene
aislados en las cárceles a más de 80 presuntos extremistas,
muchos dentro de una larga investigación del juez Baltasar
Garzón sobre las operaciones de Al Qaeda.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, está
investigando los atentados atribuidos a Al Qaeda en los que el
pasado marzo murieron en Madrid 191 personas.
La esposa del periodista de Al Yazira Tayseer Alouni,
encarcelada por el juez Garzón, dijo que las cárceles españolas
se convirtieron en "otro Guantánamo" después de que las
autoridades aislaran a presuntos activistas.
Human Rights Watch pidió al Gobierno socialista que se
asegurara de que todos los sospechosos tenían acceso a un
abogado desde el principio de la detención y que podían hablar
con ellos en privado.
En la actualidad, a los sospechosos de terrorismo se les
asigna un abogado de oficio que está presente cuando comparecen
ante el juez y no pueden hablar directamente con su cliente, ni
siquiera cuando declara ante el tribunal.
La ONG también pidió a España que se asegurara de que las
condiciones de la custodia policial cumplían los patrones
internacionales. Citó ejemplos de detenidos incomunicados en
celdas subterráneas sin luz natural y de la presencia de presos
descalzos incluso ante el tribunal.
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