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Grifols rompe el silencio del Ibex y defiende Delaware porque no es paraíso fiscal

Las empresas del Ibex han sido acusadas de mover cientos de sus filiales al segundo estado más pequeño de EEUU, conocido por su opacidad fiscal. No sería la primera vez que una compañía del selectivo defrauda a Hacienda, pero las compañías se están defendiendo: Delaware no es un paraíso fiscal, sino un ejemplo de cómo los países juegan con su fiscalidad, a veces de forma peligrosa, para atraer inversión.
Invertia
jueves 16 de junio de 2016  -  14:28

A mediados de mayo y en pleno escándalo por los Papeles de Panamá, un informe acusó a las empresas del Ibex 35 de estar acudiendo en masa a Delaware, el segundo estado más pequeño de EEUU y el más flexible con diferencia en materia tributaria. Automáticamente, se dio por sentado que estas compañías estaban llevando sus filiales (en concreto 420 subsidiarias) a un paraíso fiscal, famoso por tener domiciliadas a cerca de 238.000 empresas en un edificio de una sola planta.

No sería la primera vez que una cotizada española defrauda a Hacienda o protagoniza un fraude contable, pero las compañías del Ibex han comenzado a defenderse: ni Delaware es un paraíso fiscal, ni por tener allí sus filiales están dejando de pagar impuestos o de declarar en EEUU. Esta semana, Grifols ha sido la primera cotizada del selectivo en defender, a través de un comunicado, que no opera a través de paraísos fiscales. En concreto, desde la compañía afirman que este estado no figura en ninguna lista negra, que pagan impuestos federales, con un gravamen del 15%-35% aplicable sobre tipos de rentas, y que, por el mero hecho de cotizar en el Nasdaq, deben presentar toda la información contable sobre sus operaciones en el país.

El problema con los paraísos fiscales es que sus fronteras no son fáciles de delimitar y que todos los gobiernos juegan con los impuestos para atraer la inversión, en ocasiones de forma peligrosa. Se entiende que un paraíso fiscal es un territorio en el que apenas se pagan impuestos y, sobre todo, no tiene acuerdos con otros países de intercambio de información fiscal.

Delaware no figura en la lista negra de España, entre otros motivos porque desde 1999 EEUU tiene un acuerdo de intercambio de información tributaria con nuestro país. Pero el problema es que los 50 estados tienen competencias para legislar en materia societaria y mercantil. Gracias a esto, Delaware es todo lo contrario a España: un territorio en el que los trámites administrativos para las empresas son sencillos y ágiles, hasta el punto de que se pueden realizar online y se puede constituir una sociedad en 24 horas. Sin embargo, la laxitud de la regulación ha dejado la puerta abierta a potenciales abusos: puesto que no es obligatorio declarar ni registrar el nombre de los propietarios reales de la empresa en los registros, también es muy sencillo crear sociedades pantalla y mover dinero de paraísos fiscales.

Pero aunque las grandes fortunas tienen mucha facilidad para explotar estas lagunas legales, para las empresas del Ibex resulta muy complicado, debido a que operan en diferentes estados y, por lo tanto, están sujetas a supervisión federal. De hecho, las entidades financieras como el Santander están bajo la supervisión de la Reserva Federal y las de construcción, infraestructura y energía suelen a aspirar a contratos públicos.

El caso de Delaware, que las fortunas extranjeras sí pueden explotar fácilmente como paraíso fiscal, es más bien un ejemplo de cómo los países juegan con los impuestos como herramienta para atraer la inversión. En Europa hay múltiples ejemplos de este tipo de prácticas que pueden abrir la puerta a abusos fiscales. Uno de los más polémicos es el llamado non-dom regime de Reino Unido, por el que los residentes de Reino Unido que no estén domiciliados solo tienen la obligación de declarar los ingresos que se obtengan en suelo británico. Esto ha atraído a un gran número de grandes fortunas, principalmente rusas, ya que pueden vivir en el país sin necesidad de dar cuentas de todos sus bienes o ingresos. Esto ha llevado a las autoridades a preparar una reforma fiscal que abolirá esta norma en 2017.

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