Tribunales

Caso de los ERE: seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves

La Audiencia de Sevilla inhabilita también durante 15 años a José Antonio Griñán

José Antonio Viera, también condenado a siete años y un día de cárcel

efe

Caso de los ERE: seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves

La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación en el caso ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. 

El expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a seis años y dos días de cárcel por un delito de malversación cometido en el caso ERE y a quince años y dos días de inhabilitación absoluta por otro delito de prevaricación.

Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, según explica el magistrado Juan Antonio Calle Peña en un resumen de la sentencia facilitado a la prensa.

El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade el juez.

En los anteproyectos de presupuestos en los que Griñán participó como consejero, se incluyó el uso de la transferencia de financiación al ente público IFA-IDEA, de la Consejería de Trabajo, dentro del programa 31L para pagar subvenciones, como se decía en las memorias de los presupuestos, recoge el magistrado.

Por ello, Griñán aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado "otros gastos de explotación", para equilibrar las cuentas.

"Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar", razona el ponente de la sentencia.

"La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios", concluye el magistrado.

LAS OTRAS CONDENAS

Además, la Audiencia de Sevilla ha condenado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación. 

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, también ha sido condenado a 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel por malversación y a 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por prevaricación.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido para ella, al igual que para el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre otros, diez años de inhabilitación.

Álvarez ha sido condenada por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.

Esta partida, conocida como 31-L, sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.

 La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

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